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ACADESAN
Las personas defensoras del medio ambiente están en la primera línea de la protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos. El concepto de protección colectiva ha surgido como un marco fundamental para la defensa de quienes protegen derechos, ya que con frecuencia actúan de manera conjunta para proteger a sus comunidades y reciben de ellas su respaldo. La protección colectiva enfatiza la necesidad de salvaguardar no solo a las personas defensoras individuales, sino también a las estructuras comunitarias más amplias que apoyan y sostienen su labor.
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Según un informe reciente publicado por Rights and Resources Initiative (RRI), más de 2.000 personas han sido asesinadas desde 2012 hasta la fecha por defender su tierra y el medio ambiente. Solo en 2023, casi la mitad de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas o afrodescendientes. Muchas de estas personas defensoras provienen de países como Colombia y Brasil, que albergan bosques tropicales y otros ecosistemas de importancia crítica para el clima global. El informe pone especial énfasis en las familias y comunidades de las personas defensoras, que también han sido objeto de violencia e intimidación debido a su apoyo y acompañamiento en la búsqueda de justicia.
Desde la perspectiva de la protección colectiva, la defensa de los derechos humanos y ambientales es, por naturaleza, un mecanismo integral diseñado para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de grupos, organizaciones o comunidades en riesgo, en lugar de actuar sobre un individuo. Los mecanismos de protección existentes suelen centrarse en las personas defensoras de manera individual, lo que puede dejar de lado factores contextuales clave, como las relaciones, las redes de apoyo y las comunidades en las que están inmersas.. Es por esto que, la protección colectiva redefine el concepto de protección para las personas defensoras del medio ambiente, destacando el impacto colectivo que tiene la violencia y las violaciones de derechos humanos sobre comunidades y organizaciones.
Es por esto que, este enfoque reconoce el impacto colectivo de la violencia sobre los pueblos indígenas (PI), las comunidades locales (CL) y los pueblos afrodescendientes (PA) que defienden ecosistemas fundamentales, y promueve el fortalecimiento y la cohesión comunitaria, partiendo de sus propios saberes y prácticas para la autoprotección. Sin embargo, a nivel global, la protección colectiva sigue careciendo de financiamiento suficiente.
Deborah Sanchez, directora de CLARIFI, un mecanismo de financiamiento climático liderado por pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, diseñado por RRI y la Campaign for Nature, y defensora histórica de los bosques miskitu en Honduras, considera que la protección colectiva es una estrategia que debe implementarse a gran escala:
“Contribuye a reducir la vulnerabilidad general de las personas defensoras en sus territorios. Estamos viendo una creciente criminalización, por lo que el nivel de financiamiento y apoyo para este tipo de iniciativas también debe aumentar”.
Deborah señala que las comunidades son cada vez más vulnerables y que sus espacios cívicos se están reduciendo. Por ello, apoyar y financiar iniciativas de protección colectiva, lideradas por y para las propias comunidades, debe ser una prioridad estratégica y fundamental.
En el corazón de la región del Pacífico colombiano, las comunidades afros del Bajo y Medio San Juan han construido su propio modelo de protección colectiva frente al abandono estatal y la violencia armada. El Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) fortalece la organización comunitaria garantizando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales básicos —como el acceso a la educación, la salud y las energías renovables— con el fin de reducir las vulnerabilidades que incrementan los riesgos.
La organización trabaja desde un modelo de protección colectiva que busca romper el círculo vicioso de la violencia, protegiendo no solo a las personas defensoras de manera individual, sino a toda la estructura comunitaria que las respalda.
De acuerdo con Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de ACADESAN “Cuando las comunidades en su conjunto están protegidas, esto tiene un impacto significativo en la protección de las autoridades étnicas, los liderazgos y las personas defensoras de derechos humanos. Cuanto más protegidas están las comunidades, más fuerte es el proceso organizativo y menor el riesgo para autoridades, líderes y defensoras y defensores”
Asimismo, destaca que “Promovemos medidas materiales para enfrentar el conflicto armado, como embarcaciones humanitarias, infraestructuras de evacuación y espacios comunitarios seguros para el refugio, en un modelo que vincula la protección directamente con la dignidad y el bienestar colectivo”, .
Las comunidades se protegen construyendo poder colectivo, no de manera aislada. Como añade Felipe:
“Se trata de un modelo de abajo hacia arriba, basado en derechos y arraigado en las tradiciones afrodescendientes de solidaridad y autogobierno, que demuestra que la defensa de los derechos humanos es inseparable de la defensa del territorio, la cultura y la comunidad”.
No obstante, el representante legal de ACADESAN señala también las limitaciones del enfoque colectivo, que a menudo enfrenta barreras legales e institucionales en su implementación.
“Es fundamental que todas las instituciones del Gobierno nacional —que en Colombia suman más de 40 entidades— definan claramente las medidas de protección colectiva que les corresponde implementar, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y riesgos específicos de cada sujeto colectivo”.
Existen además desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos financieros y de conocimientos técnicos y jurídicos, por ejemplo, para establecer estándares humanitarios mínimos que garanticen el respeto de las medidas de protección colectiva por parte de los distintos actores armados.
“Lograrlo requiere el desarrollo de los correspondientes diálogos humanitarios”, concluye Felipe.
La defensa colectiva también fue el eje central de un evento coorganizado por RRI junto con Amazon Watch y la Alliance for Land, Indigenous and Environmental Defenders durante la Semana del clima realizada en la ciudad de Nueva York durante el mes de septiembre de 2025. El evento visibilizó estrategias de protección colectiva y defensa territorial frente al aumento de las amenazas.
“La inseguridad en los derechos territoriales de los pueblos indígenas conduce directamente a violaciones de derechos humanos”, afirmó Dinamam Tuxá, director ejecutivo de la APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, durante el evento.
Para la directora de CLARIFI, cada mujer indígena que defiende a la Madre Tierra y a su comunidad es también una defensora del medio ambiente y de los derechos humanos, y necesita ser protegida.
“Con nuestro socio ACADESAN no fue diferente. CLARIFI reconoció la necesidad de apoyar a las comunidades y el trabajo que ACADESAN venía realizando en la protección colectiva de personas defensoras en Colombia, entendiendo que, sin este tipo de protección, las defensoras, los defensores y sus comunidades siguen expuestos a la violencia, la intimidación y el desplazamiento”, comparte Deborah.
