Por Deborah Sánchez, directora de CLARIFI
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ANAPAC
Mientras varios gobiernos se retractan de sus compromisos climáticos, el mundo se encuentra en un momento decisivo para la acción climática. La retirada de las iniciativas climáticas no es solo un cambio más de política. Es una señal de que los sistemas tradicionales de financiación climática se están volviendo cada vez más frágiles precisamente en el momento en que más se necesitan.
Para las comunidades indígenas, locales y afrodescendientes que se encuentran en primera línea de la crisis climática, esta fragilidad no es nada nuevo. Durante décadas, han protegido los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas vitales, mientras que solo han recibido una mínima parte de la financiación climática destinada a apoyar esa labor. Incluso antes de los recientes recortes de financiación, menos del uno por ciento de la financiación climática mundial llegaba directamente a estas comunidades. Un porcentaje aún más minúsculo llegaba a las organizaciones e iniciativas lideradas por las mujeres de estos grupos. Ahora, a medida que la ayuda bilateral y la financiación multilateral se reducen, la cuestión ya no es si el sistema está roto, sino con qué rapidez podemos construir algo más sólido y sostenible.
La buena noticia es que ya existen alternativas.
En todo el Sur Global, los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes han venido desarrollando y consolidando modelos de financiación alternativos que proporcionan financiación climática de forma directa, flexible y a gran escala. Estos modelos no son teóricos. Son operativos, han demostrado su eficacia y resultan cada vez más esenciales para sostener la acción climática a medida que los canales de financiación tradicionales se debilitan.
Estos modelos funcionan a nivel nacional y regional —como el Fondo Nasuntara de Indonesia, el Fondo Jaguatá de Brasil, el Fondo Territorial Mesoamericano (FTM) y la Red de Comunidades Indígenas y Locales para la Gestión Sostenible de los Ecosistemas Forestales en África Central (REPALEAC)—, así como a escala mundial, como el Fondo de Mujeres Indígenas Ayni y la Iniciativa de Financiación para los Derechos Territoriales Comunitarios y la Conservación (CLARIFI). Cada uno de estos mecanismos de financiación climática liderados por indígenas y comunidades se creó para hacer frente a un fallo sencillo pero persistente: los fondos climáticos rara vez llegan a las personas que realizan la labor de conservación más eficaz. En lugar de canalizar el dinero a través de múltiples intermediarios, dirigen los recursos directamente a las organizaciones comunitarias, en sus propios términos y al ritmo que exige la crisis climática.
Por ejemplo, en el territorio indígena de Tarlawi, en Indonesia, las mujeres están transformando el tejido ancestral de bambú en una economía local sostenible, gracias a que los fondos para la lucha contra el cambio climático les llegan directamente. Bajo el liderazgo de la sección local de la Alianza de Pueblos Indígenas de Nusantara de Indonesia y con financiación de CLARIFI, las mujeres de Tarlawi han consolidado una iniciativa de tejido basada en materiales procedentes de sus propias tierras, generando ingresos fiables que ahora ayudan a cubrir las necesidades del hogar, incluidas las matrículas escolares y universitarias.
Más allá de la financiación, la iniciativa combinó el apoyo financiero con el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra, la formación en materia de calidad de los productos y el acceso a los mercados, poniendo en contacto a las tejedoras con empresas de propiedad indígena y compradores regionales. Lo que antes era un trabajo solitario y de gran intensidad laboral se ha convertido en una empresa colectiva: las mujeres comparten habilidades, coordinan la producción y comercializan sus productos juntas, lo que reduce el esfuerzo físico al tiempo que fortalece los lazos comunitarios. El resultado no es solo una mejora de los medios de vida, sino también una gobernanza local más sólida, la transferencia de conocimientos entre generaciones y una economía resiliente al clima construida —y sostenida— por la propia comunidad.
Iniciativas como estas están asegurando millones de hectáreas de tierras comunitarias, reforzando la gobernanza local, promoviendo la igualdad de género y sosteniendo la protección forestal allí donde más se necesita. Y lo que es igual de importante, demuestran que la financiación climática impulsada por las comunidades puede actuar con rapidez en momentos de crisis, interviniendo cuando las fuentes de financiación tradicionales se ralentizan, se estancan o desaparecen por completo.
Esto es importante porque los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes no son actores secundarios en la lucha contra el cambio climático. Gestionan y protegen casi la mitad de la superficie terrestre del mundo y custodian algunos de los ecosistemas con mayor densidad de carbono y biodiversidad del planeta. Allí donde sus derechos sobre la tierra están garantizados, las tasas de deforestación son significativamente más bajas y los resultados en materia de conservación son más sólidos. En otras palabras, invertir en soluciones impulsadas por las comunidades no es solo una cuestión de justicia, sino que constituye una de las estrategias climáticas más eficaces disponibles.
Sin embargo, la estructura mundial de financiación climática no se diseñó teniendo en cuenta estas realidades. Los fondos suelen estar pensados para gobiernos y grandes instituciones, con requisitos complejos que excluyen a las organizaciones más pequeñas y de base comunitaria. Los procesos de solicitud pueden prolongarse durante años, mientras que las comunidades que se enfrentan a amenazas inmediatas —desde la tala ilegal hasta el acaparamiento de tierras— necesitan recursos ahora mismo. Para cuando se conceden las aprobaciones, la oportunidad de actuar suele haber pasado ya.
A medida que la financiación pública se vuelve menos fiable, estos modelos ya no son una opción. Constituyen una infraestructura esencial para el futuro de la acción climática.
Este cambio tiene importantes repercusiones para la filantropía.
El capital filantrópico tiene una oportunidad única —y una responsabilidad— de dar un paso al frente. No para sustituir a la financiación pública, sino como catalizador capaz de sostener una acción climática eficaz mientras se reconstruyen los sistemas en su conjunto. La inversión filantrópica estratégica puede ayudar a ampliar modelos de eficacia probada, estabilizar las iniciativas impulsadas por las comunidades en períodos de incertidumbre y garantizar que la financiación climática siga llegando a quienes obtienen resultados reales.
Lo más importante es que esto no es caridad. Es una inversión en soluciones que realmente funcionan.
Las organizaciones dirigidas por indígenas y de base comunitaria llevan años creando sistemas de gobernanza transparentes, mecanismos de rendición de cuentas financiera y fondos regionales capaces de gestionar recursos a gran escala. El riesgo hoy en día no es que estos modelos fracasen. El mayor riesgo es seguir dependiendo de sistemas jerárquicos que son lentos, excluyentes y cada vez más vulnerables a los cambios políticos.
La crisis climática no se detiene cuando cambian los ciclos de financiación. Los bosques no pueden esperar a que se lleven a cabo reformas burocráticas, y las comunidades no pueden proteger sus tierras y medios de vida sin un apoyo constante.
Si la comunidad internacional se toma en serio el cumplimiento de los objetivos en materia de clima y biodiversidad, debe garantizar que la financiación llegue a aquellas personas que han demostrado, una y otra vez, que son capaces de obtener resultados. Esto implica adoptar modelos de financiación alternativos, no solo como experimentos, sino como pilares fundamentales del ecosistema de la financiación climática.
